Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia en España.

Sus opositores lo acusan de subvertir la constitución.

Pedro Sánchez: una supervivencia política con un alto costo para la democracia en España

"Avanzaremos decididamente... con o sin la ayuda del legislativo", dijo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en una reunión de su Partido Socialista el mes pasado. Para sus críticos más vehementes, esto sonó como una declaración dictatorial. En realidad, reflejaba la difícil situación en la que se encuentra. Sánchez, en el cargo desde 2018, es un astuto estratega y uno de los supervivientes más notables de la política europea. Sin embargo, su gobierno de coalición minoritaria depende de nacionalistas radicales catalanes y vascos, lo que ha afectado cada vez más a la calidad de la democracia y las instituciones en España.

Tras el descalabro de la izquierda en las elecciones municipales, Sánchez convocó a unas elecciones nacionales anticipadas en julio de 2023. Aunque el Partido Popular (PP), principal partido de la derecha, ganó, no logró la mayoría absoluta en el parlamento, incluso con el apoyo de Vox. En lugar de aceptar una amplia coalición con el PP, como muchos votantes preferían, Sánchez optó por reunir a ocho partidos diversos para mantener el poder.

Uno de esos partidos fue Junts, liderado por Carles Puigdemont, expresidente regional catalán prófugo desde el intento ilegal de independencia en 2017. El precio de su apoyo fue una amnistía para los implicados en el proceso independentista, algo que Sánchez siempre había rechazado. Sin embargo, cedió y consiguió su aprobación parlamentaria por solo cinco votos.

Ahora, Sánchez parece dispuesto a ofrecer otra concesión al nacionalismo catalán. A cambio de asegurar la investidura de Salvador Illa, un socialista, como presidente de la región de Cataluña, Sánchez prometió a Esquerra Republicana, otro partido separatista, algo parecido a la soberanía fiscal para Cataluña, una de las regiones más ricas de España. Esta medida ha sido descrita como una "reforma constitucional por la puerta trasera" y ha provocado más descontento que la amnistía, ya que significa menos ingresos para el fondo común del país.

La amnistía ha sido la única medida importante que el gobierno ha conseguido aprobar en los diez meses que lleva en el cargo. Fracasó en la aprobación del presupuesto de este año y es poco probable que logre la del próximo. Además, Begoña Gómez, esposa del presidente, está siendo investigada por un juez. Ella niega cualquier irregularidad, y Sánchez asegura que es víctima de persecución política. Sin embargo, hay dudas sobre cómo obtuvo cargos universitarios para los que no parece estar plenamente cualificada. Además, firmó una carta de apoyo para una amiga que buscaba un contrato estatal. Ante el escándalo, en lugar de disculparse, Sánchez culpó a la "extrema derecha" y consideró si la vida política vale la pena, sometiendo a los españoles a cinco días de "reflexión" antes de reanudar su trabajo.

Aun así, Sánchez no parece estar en peligro inmediato. Destituir a un presidente español requiere formar una mayoría parlamentaria para un candidato alternativo, algo más difícil que un voto de censura simple, como ocurre en otros países. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reconoció recientemente que una moción de censura es "tan esencial como imposible". Aunque algunos altos cargos socialistas expresan en privado su incomodidad con las concesiones a los separatistas, solo unos pocos lo hacen públicamente. Sánchez mantiene un férreo control sobre su partido, que un miembro describe como un "club de fans".

El presidente puede señalar algunos logros. Desde 2018, ha aumentado el salario mínimo, ha reducido el abuso de los contratos temporales sin perjudicar el empleo, que crece rápidamente, y ha ampliado la formación profesional. Tras un impacto severo durante la pandemia, la economía española ha crecido más del doble de la media de la eurozona desde 2023. Parte del crecimiento se debe al boom turístico pospandemia, aunque muestra signos de desaceleración, y al fondo de recuperación de la UE, que finaliza en 2026, así como a una política fiscal expansiva insostenible a largo plazo. No obstante, España tiene fortalezas estructurales, como una alta tasa de ahorro y un superávit por cuenta corriente, impulsado por crecientes exportaciones de servicios.

Su mayor ventaja sigue siendo una oposición dividida. Feijóo, ex presidente regional exitoso en Galicia, ha tenido dificultades en el escenario nacional. Aunque Vox está en declive, la posible dependencia del PP de sus votos parlamentarios aleja a otros partidos. Además, un nuevo partido nativista, llamado "Se acabó la fiesta", obtuvo el 4.6% de los votos en las elecciones europeas de junio.

Muchos en Madrid creen que Sánchez podría completar su mandato hasta 2027. Sin embargo, la falta de un presupuesto podría limitar sus opciones. Si la derecha continúa dividida y la economía sigue fuerte, podría tentarse a convocar elecciones anticipadas el próximo verano, según Cristina Monge, politóloga.

Su dependencia de nacionalistas catalanes y vascos tiene un precio. "Sánchez ha roto una norma no escrita de que no se podía llegar a la presidencia del gobierno con los votos de partidos que no creen en la estabilidad y gobernabilidad del país", afirma Borja Sémper, portavoz del PP. Los bruscos giros de Sánchez en asuntos de Estado han fomentado el cinismo público sobre la democracia en España.

Sánchez afirma haber puesto fin a la agitación separatista en Cataluña. Con su decisión de perdonar en 2021 a los líderes encarcelados por el intento de secesión, dio un paso pragmático. Sin embargo, ha ido más lejos de lo que muchos consideran prudente, debilitando el código penal y respaldando la narrativa nacionalista en documentos firmados con Junts y Esquerra. La amplitud de la amnistía (que incluye a alborotadores y políticos) y su aprobación por estrecho margen, sin amplio debate, contradice las recomendaciones de la Comisión de Venecia. La medida aún enfrenta varios desafíos legales.

Además, ha colocado a personas de confianza en cargos supuestamente independientes, como el Tribunal Constitucional y el Banco de España. También ha instruido al abogado del Estado para que demande al juez que investiga a su esposa. "España siempre ha tenido ciertas debilidades en cuanto a controles y equilibrios", señala Elisa de la Nuez, defensora del Estado de derecho. "En los últimos años, esto ha empeorado considerablemente".

Aunque Sánchez no inventó la fragmentación política que hace tan difícil gobernar el país, podría argumentar que está adaptando el sistema a las nuevas realidades, especialmente en Cataluña. Otros ven un giro hacia una confederación indefinida y un experimento táctico mientras el país deriva.