Mónica García se ha negado a revelar la identidad de los 27 asesores que ha nombrado de forma directa.

El Ministerio de Sanidad ha rechazado proporcionar los nombres de los asesores que integran el gabinete dirigido por Mónica García, así como detallar sus salarios. 

Esta negativa se refleja en una resolución de Transparencia, en la que el departamento de García se abstiene de identificar a estos cargos de confianza sin ofrecer ninguna explicación.

En la documentación remitida al organismo, firmada por la subsecretaria de Sanidad, Ana Sánchez Hernández, el ministerio únicamente proporciona un enlace a la relación de puestos de trabajo de esta administración, sin responder a la solicitud de información específica, que pedía tanto los nombres como los sueldos de los asesores del departamento. De acuerdo con el documento público, el Ministerio de Sanidad dispone de 29 puestos de asesores de nivel 30, el más alto, de los cuales 27 están actualmente ocupados. De esos, ocho son de carácter eventual, es decir, su permanencia en el cargo está ligada a la duración del mandato de quien los designó.

Este lunes 30 de septiembre, el BOE publicó dos convocatorias para cubrir las vacantes de asesores. En concreto, el ministerio busca dos vocales asesores para la Subsecretaría de Sanidad del Gabinete Técnico, a través del sistema de libre designación. Según el Boletín Oficial del Estado, estas plazas solo pueden ser solicitadas por funcionarios, quienes deberán presentar títulos académicos, experiencia laboral en la Administración pública o en el sector privado, así como estudios y cursos realizados. No se exige ningún mérito específico adicional.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido varias resoluciones en respuesta a la práctica de algunos ministerios de no revelar los nombres de sus asesores. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy fue el primero en publicar los nombres de todo su personal eventual, pero también fue la última vez que se hizo. Desde entonces, ningún otro Gobierno ha tomado la iniciativa de hacer públicos estos nombres, que solo se han podido conocer mediante solicitudes de información pública.

De acuerdo con el Consejo de Transparencia, "el interés público prevalece sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos personales" en aquellos casos donde el puesto se otorga por un procedimiento discrecional. Además, señala que, en particular, los niveles 28, 29 y 30 de libre designación están sujetos al interés ciudadano, que "se relaciona directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y cómo se utilizan los recursos públicos, prevaleciendo sobre el interés individual en la privacidad o los datos de carácter personal".