La Junta de Andalucía asignó de manera directa 458,3 millones de euros en 2021 a través de numerosos contratos considerados en "fraude de ley".
Nuevo caso en Andalucía relacionado con la gestión de contratos públicos.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó de manera directa aproximadamente 458,3 millones de euros en 2021, a través de una gran cantidad de contratos, en lo que ha sido calificado como "fraude de ley", La Intervención de la Junta de Andalucía, el órgano encargado del control interno de las cuentas públicas, ha señalado que el SAS utilizó contratos menores para dividir contratos de grandes cuantías.
El propósito de esta acción era "reducir el monto" de los contratos para justificar la asignación directa a una misma empresa, evitando así "los requisitos de publicidad y competencia". Esta información salió a la luz tras cuatro informes de fiscalización presentados por los auditores del SAS en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén, los cuales fueron remitidos a la dirección del SAS.
En dichos informes, se destaca que "se ha ignorado completamente el procedimiento legal establecido para la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando contratos y adjudicando contratos menores con plazos superiores a un año y sin las autorizaciones requeridas". La Intervención detectó que en los centros del SAS en esas provincias se adjudicaron contratos valorados en 1.791,2 millones de euros, de los cuales un 26,94% correspondieron a contratos menores, alcanzando el 46,49% en Huelva.
El análisis de los auditores mostró un patrón común: la misma empresa y un concepto similar en los contratos fraccionados. La Intervención concluyó que estos contratos se dividieron en partidas más pequeñas para evitar superar los límites legales.
El Partido Popular negó las acusaciones afirmando que "es rotundamente falso que el SAS haya adjudicado 458 millones de euros en fraude de ley". Señalaron que los 458,3 millones corresponden al total de contratos menores realizados en las centrales de compras del SAS en cuatro provincias, y que los auditores revisaron solo una pequeña muestra de estos contratos, representando el 0,19% del total. También subrayaron que la figura del contrato menor es legal y que no se ha detectado ningún desvío de fondos.
El comunicado del PP concluyó que fue el propio Gobierno andaluz quien entregó al PSOE 68 informes de auditoría "en un ejercicio de transparencia", y acusaron al PSOE de utilizar esos informes de manera tergiversada.
Reacción del PSOE Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, anunció que su partido llevará el caso ante los tribunales, calificando los hechos como "presuntamente delictivos". Espadas criticó lo que considera abuso en la contratación directa y sin control desde la Consejería de Salud, exigiendo explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Espadas también afirmó que el informe de los auditores confirma las denuncias del PSOE sobre irregularidades en la contratación pública y la contratación de emergencia, reiterando que la fracción de contratos en el gasto farmacéutico es una práctica denunciable.