130 posibles casos de malversación de fondos en el Ministerio de Igualdad

Los casos registrados incluyen actividades como carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones con temática arcoíris, talleres de maquillaje, charlas sobre temas LGTB y bailes con vermut al finalizar. Según la Alianza, estas iniciativas «no son elegibles para ser financiadas con los recursos del Pacto de Estado», ya que estos fondos deberían destinarse a apoyar a mujeres que han sido víctimas de violencia.
El 1 de abril, la asociación feminista envió a la ministra de Igualdad un primer informe documentado sobre el uso indebido de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista, que este año el Gobierno de España distribuyó a ayuntamientos y comunidades autónomas por un total de 160 millones de euros.
En respuesta, la ministra se comprometió en una carta a «determinar si hay un uso inapropiado de los fondos; en caso afirmativo, se considerarán actividades no financiables y se comunicará a los organizadores». Redondo expresó en su mensaje su rechazo a «cualquier actividad que implique un mal uso de estos recursos o que trivialice las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género, la forma más extrema de desigualdad entre hombres y mujeres».
Este compromiso se reafirmó tras la controversia generada por un cartel del Ayuntamiento de Almería relacionado con la violencia sexual contra menores, que fue acusado de minimizar la pederastia y financiado con fondos del Pacto de Estado. Sin embargo, feministas de línea clásica denunciaron posteriormente que algunas corporaciones locales seguían «desviando recursos del Pacto de Estado hacia iniciativas que son ajenas o incluso contrarias a la lucha contra la violencia hacia las mujeres».

El 12 de abril, la ministra recibió una segunda lista de casos, seguida de otros informes el 20 de mayo y el 24 de junio. En una carta posterior, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres instó al Ministerio de Igualdad a presentar denuncias por malversación de fondos públicos contra aquellas instituciones que desvíen recursos del Pacto de Estado para fines no incluidos en sus medidas.
Casi seis meses después, el mapa de malversación, que muestra los casos recopilados hasta el 20 de julio, es el resultado de este esfuerzo de documentación.
El 23 de septiembre, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, cuyo principal objetivo fue aprobar medidas para el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se enviarán posteriormente al Congreso de los Diputados. Las feministas confían en que el control del Ministerio y de las comunidades autónomas, junto con una fiscalización rigurosa de los gastos, prevenga futuros casos de mala utilización documentados por ContraBorrado.